Abogan por el campesino ecologista 25 parlamentarios europeros en
EL SUR, 1 de julio, 2005
Veinticinco miembros del Parlamento Europeo enviaron al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, una carta en la que piden que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) corrija los errores cometidos contra el campesino ecologista Felipe Arriaga Sánchez, y presente conclusiones "de manera imparcial sobre la inocencia del campesino", y afirman que "eso demostraría su voluntad real de procurar justicia".
Fechada en Bruselas el 29 de junio, en la carta plantean además su poyo a la intención de Torreblanca de actuar ante los actos violentos contra de los miembros de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y reformar profundamente las estructuras del Estado para acabar con la violencia en esta región.
Los parlamentarios demandan la liberación de Felipe Arriaga Sánchez y la investigación profunda e inmediata del ataque en contra del campesino ecologista Albertano Peñaloza, en el que dos de sus hijos fueron asesinados, el 19 de mayo de este año.
Ante el plazo para que la Procuraduría presente al juez sus conclusiones en el juicio contra el campesino ecologista preso, los parlamentarios, entre ellos Tobias Pflueger, Pedro Guerreiro, Sahra Wagenknecht y Eva Lichtenberger, señalan las pruebas de que Felipe Arriaga es inocente del homicidio del que se le acusa, como el hecho de que uno de los dos testigos de cargo se retractó y declaró que fue amenazado por el cacique Bernardino Bautista y por un funcionario de la misma Procuraduría general de Justicia para acusar a Felipe y a 14 líderes históricos de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.
Afirman: "Aunque de manera general no es deseable la injerencia del gobernador del estado en las investigaciones y conclusiones de su Procuraduría de Justicia,-eso para proteger su independencia e imparcialidad-, es su deber hacerlo si la Procuraduría está obviamente equivocada y es además culpable de irregularidades muy fuertes y evidentes en este caso.
"Las conclusiones de la Procuraduría van a ser una muestra fuerte de la voluntad política que exista o no para que se rinda justicia".
Finalmente, los 25 parlamentarios europeos piden que les mantengan informados sobre las medidas tomadas en estos casos y sobre las reformas estructurales planeadas para evitar la violencia en la región.
Lourdes Chávez
Veinticinco miembros del Parlamento Europeo enviaron al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, una carta en la que piden que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) corrija los errores cometidos contra el campesino ecologista Felipe Arriaga Sánchez, y presente conclusiones "de manera imparcial sobre la inocencia del campesino", y afirman que "eso demostraría su voluntad real de procurar justicia".
Fechada en Bruselas el 29 de junio, en la carta plantean además su poyo a la intención de Torreblanca de actuar ante los actos violentos contra de los miembros de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y reformar profundamente las estructuras del Estado para acabar con la violencia en esta región.
Los parlamentarios demandan la liberación de Felipe Arriaga Sánchez y la investigación profunda e inmediata del ataque en contra del campesino ecologista Albertano Peñaloza, en el que dos de sus hijos fueron asesinados, el 19 de mayo de este año.
Ante el plazo para que la Procuraduría presente al juez sus conclusiones en el juicio contra el campesino ecologista preso, los parlamentarios, entre ellos Tobias Pflueger, Pedro Guerreiro, Sahra Wagenknecht y Eva Lichtenberger, señalan las pruebas de que Felipe Arriaga es inocente del homicidio del que se le acusa, como el hecho de que uno de los dos testigos de cargo se retractó y declaró que fue amenazado por el cacique Bernardino Bautista y por un funcionario de la misma Procuraduría general de Justicia para acusar a Felipe y a 14 líderes históricos de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.
Afirman: "Aunque de manera general no es deseable la injerencia del gobernador del estado en las investigaciones y conclusiones de su Procuraduría de Justicia,-eso para proteger su independencia e imparcialidad-, es su deber hacerlo si la Procuraduría está obviamente equivocada y es además culpable de irregularidades muy fuertes y evidentes en este caso.
"Las conclusiones de la Procuraduría van a ser una muestra fuerte de la voluntad política que exista o no para que se rinda justicia".
Finalmente, los 25 parlamentarios europeos piden que les mantengan informados sobre las medidas tomadas en estos casos y sobre las reformas estructurales planeadas para evitar la violencia en la región.
Lourdes Chávez
Tobias Pflüger - 2005/07/06 14:20
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